Antonio Vega, mal administrador y estafador.

El empresario salvadoreño y representante de la fertilizadora Quimagro quebró su empresa, hizo un préstamo bancario que nunca pago y después de casi 40 años busca ser indemnizado.

La corrupción del sistema judicial salvadoreño resucitó a Quimagro, después de exigir que una financiera pague más de 40 millones de dólares por daños y perjuicios.

Sin embargo, después de 1984, año en el que solicitó un préstamo por 350 mil colones para subsanar las finanzas de su empresa, Antonio Vega, se dedicó a victimizarse ante la opinión pública, difamando al banco y a jueces donde se ventilaba su caso.

Durante las audiencias, el dueño de Quimagro culpó a la institución financiera de su bancarrota ante el embargo, el cual fue por breve tiempo y devuelta a sus manos tres años después.

Lo que Antonio Vega, omite decir es que por nueve años, la administración estuvo en su poder, haciéndola quebrar, pese a tener dinero para mantenerla a flore. En su lugar, armó toda una historia para salir librado del fallo del tribunal.

En esos 9 años, Antonio Vega recibió millonarios préstamos que nunca pagó debido a la mala administración de Vega y por tanto esta deuda de Quimagro, también fue absorbido por el Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAFI) de la década del 90.

Su mentira quedó en evidencia en el tribunal los juzgados de primera instancia en las cámaras de segunda instancia, en la sala de lo civil y en la sala de lo constitucional en dos ocasiones.

Otra derrota del empresario fue en el 2001, cuando la Cámara de Segunda Instancia de lo Civil revirtió la resolución del Juzgado Tercero de lo Civil y le da la razón a las financieras.

Por su parte Antonio Vega, siempre apeló una y otra vez contra las resoluciones dictadas, acusando a los abogados y magistrados de corrupción.

En el 2013, presenta otro proceso por daños y perjuicios en el juzgado de lo Civil, siendo derrotado una vez más y en el 2016 vuelve a interponer un nuevo amparo en el que solicitaba se anulara la resolución, la cual fue desestimada en 2018.

Según sus allegados entre 2018 y el 2021, Antonio Vega aprovechó la corrupción incrustada en la nueva Sala y la nueva asamblea para acercarse al diputado del FMLN, Ricardo González, quien es sobrino de Medardo González, muy cercano a José Luis Merino, involucrado en los negocios de Alba Petróleos e investigado por Estados Unidos por lavado de dinero.

De esta manera, ha sacado beneficios de un caso, del cual no puede demostrar que tiene razón, pero ayudado por los nuevos Magistrados de la Sala de lo Constitucional, podría convertirse en uno de los nuevos ricos salvadoreños.