Antonio Vega, presta dinero y no paga

El empresario y dueño de esta empresa aprovecha la corrupción de la justicia para pasar de 350 mil colones a $49 millones en un caso que se ha perdido ya 3 veces en los juzgados de EL Salvador.

Quimagro solicitó en 1984 financiamiento bancario a dos instituciones financieras de El Salvador para mantener a flote su negocio de comercialización y distribución de fertilizantes.

De ese compromiso crediticio, Antonio Vega solamente pagó tres cuotas y se declaró en quiebra para evadir la justicia, una práctica común en el empresario salvadoreño.

Además, sus allegados señalan que fue su mala administración la que lo llevó a la bancarrota, siendo intervenido por un breve período y administrado durante 9 años antes de ser embargado.

El empresario también recibió millonarios préstamos que nunca pagó y esa deuda de Quimagro fue absorbida por el Fondo de Saneamiento Financiero (FOSAFFI) de la década del 90. Quimagro derrotado en tribunales

El proceso judicial por el que ha pasado Quimagro en estos últimos 37 años, es casi histórico y sobre éste hay muchos detalles que contradicen los alegatos del dueño de la empresa.

Sin embargo, el conflicto entre el empresario Antonio Vega, dos bancos locales, ha recorrido los tribunales y vencido en juicio en los juzgados de primera instancia en las cámaras de segunda instancia, en la sala de lo civil y en la sala de lo constitucional en dos ocasiones.

No obstante, Vega, nunca aceptó los fallos y siempre apeló una y otra vez contra las resoluciones dictadas , acusando a jueces y magistrados de corrupción.

De esta manera, el dueño de Quimagro, en un acto de corrupción, ha movido sus influencias para que los fallos fueran a su favor, aún cuando las pruebas apuntaban todo lo contrario.

En el 2001, la Cámara de Segunda Instancia de lo Civil revirtió la resolución del Juzgado Tercero de lo Civil, dándole nuevamente la razón a las financieras.

No satisfecho con el fallo, Quimagro inició un proceso por daños y perjuicios en el juzgado de lo Civil en el 2013, pero sus argumentos fueron otra vez derribados.

En ese mismo año, Antonio Vega, presentó un documento elaborado por dos peritos, como prueba de lo demandado a los bancos, pero al momento de pedirle a los peritos los documentos en los que basaban su prueba pericial, no pudieron presentar estados financieros de la empresa.

Tres años después, en el 2016, el representante legal y dueño de la fertilizadora, interpuso un nuevo amparo en el que solicitaba se anulara la resolución, la cual fue desestimada en 2018.

Entre el 2018 y el 2021, Quimagro, aprovechando la corrupción de algunos funcionarios, buscó el apoyo del diputado del FMLN, Ricardo González, sobrino de Medardo González y uno de los personajes que ayudó a José Luis Merino en los negocios de Alba Petróleos, involucrado en narcotráfico.

Con este apadrinamiento, no solo de Merino, sino también de la Nueva Sala de lo Constitucional de El Salvador, nombrada inconstitucionalmente el pasado mes de mayo, logra resucitar el caso para cobrar no el equivalente a los 350 mil colones por los que fue embargado Quimagro, por el contrario, aprovechando la corrupción de los que lo apoyan, exigió una compensación por daños y perjuicios de $49 millones.

Al llegar a los tribunales de primera instancia, en donde se iniciará un nuevo proceso, con un caso que ya ha sido demostrado que es improcedente.

Con esta resolución a su favor, movida por intereses partidarios, Antonio Vega continua su venganza e inicia una campaña de desprestigio contra una de las financieras, junto a Walter Araujo, señalado en la Lista Engel por corrupción.

Para atacar Araujo, pone a disposición de Vega, todo su aparato propagandístico de redes sociales, para dañar la reputación del banco y conseguir a través de las redes sociales, lo que en casi 40 años le ha negado el sistema judicial y demostrándole que no tiene la razón.